sábado, 12 de diciembre de 2015

Ley de leyes



No está el tinglado electoral y el atentado terrorista de Kabul para comentar algunas virguerías insólitas que vienen a mi pensamiento, porque no quiero dejar arrastrarme por las manipulaciones que se están realizando durante estos comicios, y más cuando la sangre anda por medio; de manera que sigamos apuntando algunos aspectos de la Constitución Española o Carta Magna, conocida hoy, gracias a Pablo Iglesias por “el candado del 78”, aunque de todos los términos que dicho texto posee creo el de “Ley de leyes” sea tal vez el más correcto desde un aspecto puramente funcional.

         Paseando un día por la sevillana calle Cuna vi a un joven sentado en el suelo con un buen cartelón en el que se leía la siguiente leyenda: “Todos los españoles tienen derecho al trabajo… (Artº 35 de la Constitución)… ¿seré yo chino?”, se preguntaba el chico con buen criterio. Y así podríamos seguir escribiendo sobre el derecho a una vivienda digna, a una educación, a la libertad de expresión, de asociación, etc.

         Fácilmente podríamos desprender del párrafo anterior que la Constitución, tomada al pie de la letra, es papel mojado, o sea, una serie de buenas intenciones que no se cumplen y que por ello habría que reformarla por completo; sin embargo no es así porque esos principios son los que fomentan la tensión, o sea, el tender a que todo lo que se expone en ella debe cumplirse o en caso contrario abolir el texto.

         Ocurre sin embargo que la Constitución insta a los legisladores, diputados y senadores, a que se creen las leyes necesarias para que lo que ella prevé como tendencias puedan y deban convertirse en auténticas realidades, y el texto principal quedaría en nada si no existen los medios necesarios, o sea, las leyes que lo consigan.

         ¿Gozan de los mismos derechos los hombres que las mujeres o viceversa? ¿Tiene la infancia igual educación? ¿Existe igualdad religiosa de hecho?... y así podríamos hacernos múltiples preguntas que, tal vez, las contestaciones varíen en demasía.

         Sin embargo en el artículo 33 de nuestra Constitución en su apartado 3 reza lo siguiente: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

         Opinen ustedes.


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