miércoles, 2 de diciembre de 2015

El TC anula el proceso soberanista de Cataluña




No ha hecho falta mucho tiempo y marear la perdiz más de lo debido para que la resolución soberanista catalana haya sido declarada inconstitucional, pues en el apartado 3 de su artículo 1ª, la Constitución Española proclama que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y punto y aparte.

         Y no existe más cera que la que arde ni más pueblo que el conformado por todos los españoles, residan estos donde residan; bien es cierto que, como dice la CUP, algunos cargos de la Generalitat podrán pasarse tal sentencia por el famoso “forro” que tanto gusta nombrar a fanfarrones y variadas especies de esa familia, pero sobre aquellos que lo hagan caerá el peso de la Ley, ley que es la garantía de la democracia y que nos hace saber que esto, la sociedad, no es una selva donde mandan los que se creen más fuertes.

         De momento, la resolución soberanista es nula de pleno derecho, o sea, como si nunca hubiese existido resuelto ya el fondo del asunto; de tal forma que tanto el Parlament como el Gobierno de Cataluña si incumplen el fallo del TC podrán ser sancionados por el citado Tribunal por una ley aprobada durante la todavía actual legislatura que lo dota de los instrumentos necesarios para sancionar con multas de hasta 3.000 euros e incluso la suspensión del  cargo público que no acate el fallo de tan alta institución.

         Por tanto el Tribunal Constitucional está obligado por ley a intervenir ante un incumplimiento de su sentencia; el destinatario de esa intervención ante una posible desobediencia se colocaría en el máximo responsable de la institución en la que se vulnere la ley, o sea, en la Presidencia del Parlamento catalán, caso de Carmen Forcadell, o en el mismísimo Presidente en funciones de la Generalitat, señor Artur Mas.

         Además, existe la vía del artículo 155 de la Constitución, que en situaciones extremas permite al Gobierno suspender cualquier autonomía, en este caso la catalana.

         Parece que las bromas han concluido, así al menos lo deseamos la gran mayoría de españoles, sean catalanes o no, y también que la cordura vuelva a instalarse en buena parte de la clase política de Cataluña, pues si la ley existe tiene que ser para todos; en caso contrario, deja de ser ley para convertirse en puro compadreo.

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